Dr. Sergio Raúl García Martínez
El acceso a la educación superior es un derecho fundamental al que cualquier ciudadano, si lo desea deberían obtener dicha oportunidad. Sin embargo, en la búsqueda de democratizar este acceso, han surgido instituciones que, en lugar de priorizar la calidad educativa, se enfocan en el facilismo y la aprobación automática de materias, siempre y cuando se cumpla con el pago de las mensualidades. Este fenómeno, lejos de beneficiar a la sociedad, porque mejora el índice de escolaridad de la población, trae consigo una serie de consecuencias negativas que afectan tanto al sistema profesional como a la comunidad en general.
Desvalorización del Título Universitario
Cuando las universidades o instituciones de nivel superior priorizan el facilismo, es decir simplificar el esfuerzo intelectual, académico, la dedicación de tiempo al estudio de una carrera que te debe preparar para la vida, el valor intrínseco de un título universitario disminuye. Si cualquier persona puede obtener un título simplemente pagando, sin comprometerse en adquirir los conocimientos y habilidades necesarios, el título pierde su significado y relevancia en el mercado laboral; propiciando así una oleada de “profesionales” poco preparados que buscan integrarse al mercado laboral para el cual no poseen las bases fundamentales de lo que exigen las empresas para su contratación. “Para muestra basta un botón” dice el conocido dicho.
Un conocido empresario dedicado a las telecomunicaciones, considera en la entrevista que realiza a potenciales
empleados con título de ingeniería estas preguntas que para un ingeniero son de lo más básico:
1. ¿Cuáles son los tipos de corrientes que existen? R.- Ac y Dc. Corriente alterna y Corriente Continua.
2. ¿Qué pasa con el Voltaje en serie? R.- El voltaje aumenta y el amperaje es el mismo.
3. ¿Qué pasa con El voltaje en paralelo? R.- Voltaje es el mismo, se incrementa Amperaje
4. ¿Fórmula de la ley de ohm? V = i x r (V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. Para entender la ley de Ohm, necesitamos aclarar los conceptos de carga, corriente y voltaje).
Estas preguntas deberían ser de lo más sencillo de responder para un egresado de varias especialidades de ingeniería, sin embargo, la realidad muestra que muchos de los egresados de Universidades de bajo nivel académico desconocen desde lo básico. En el ámbito de la formación de docentes acontece algo similar, en las últimas dos décadas han proliferado las instituciones particulares que se dedican a la formación inicial de docentes y al concluir sus estudios, ya con título en mano, resulta que jamás en su proceso de formación realizaron prácticas profesionales, lo que los deja en franca desventaja, ya que la formación “in situ” es de lo más relevante para poner en contexto los conocimientos adquiridos y poner a prueba las teorías pedagógicas estudiadas, además de la experiencia que proporciona en el aspirante de docente la interacción con el alumnado, que es una acción de lo más significativa en la formación pedagógica.
Esto no solo pone en riesgo la calidad de los servicios que ofrecen, sino que también puede tener repercusiones graves en áreas como la salud, la ingeniería o el derecho y obviamente la educación, donde un error puede truncar vidas o tener consecuencias legales graves. La desvalorización del título universitario no solo afecta la percepción profesional del individuo, sino que también tiene un impacto económico directo en su vida. Las oportunidades laborales se ven limitadas, y con ellas, la posibilidad de un crecimiento económico y profesional sostenido. Es esencial que las instituciones educativas mantengamos altos estándares académicos para garantizar que los egresados no solo estén bien preparados, sino que también sean valorados y recompensados adecuadamente en el mercado laboral.
Desconfianza en el Sistema Educativo
La percepción de que las universidades son meros negocios que venden títulos genera desconfianza en el sistema educativo en general. Esto puede llevar a que los empleadores duden de la capacidad de los recién graduados, independientemente de la institución de la que provengan. Esto lo estamos viviendo en la actualidad con los exámenes de admisión para el ingreso en el servicio público educativo, donde para la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), (empleadora del 81% de los docentes en México según datos del INEGI, 2023), al aplicar exámenes de ingreso al servicio público educativo nos demuestran que la propia SEP pone en duda la calidad de la formación inicial de docentes, incluso de sus propias instituciones formadoras como las escuelas Normales que existen en todo el país, pero en realidad es mayor la desconfianza de las instituciones particulares formadoras de docentes, por ello la importancia del filtro del examen antes de la contratación, ya que permite reducir el acceso al servicio público a los profesionales educativos sin las debidas competencias genéricas y específicas para ejercer la profesión docente.
Esta desconfianza no solo se observa en la formación inicial, sino que se pone de manifiesto en los procesos de formación continua o permanente donde se favorece una inequidad en el acceso a oportunidades laborales; ya que los estudiantes que realmente se esfuerzan y dedican tiempo y esmero a su formación se ven perjudicados, porque deben competir en el mercado laboral con individuos que obtuvieron su título de posgrado sin contar con el mismo nivel de compromiso o preparación.
Cada vez es más común encontrar publicidad que ofrecen programas de maestría o doctorado de instituciones de educación superior de nulo prestigio. Entre las promociones que ofertan es concluir el programa de posgrado en solo un año, asistiendo un tiempo ridículo de dos horas a la semana a clases en línea, cursando un módulo o materia en apenas 6 horas al mes y con el gancho principal de ofrecer la titulación automática sin realizar una tesis; además de lo anterior mantienen precios en la matrícula y las colegiaturas aparentemente “muy bajos” y digo aparente porque en realidad son sumamente caros, ya que si se considera el número de horas clase, la calidad de los académicos que se encargan del desarrollo de los cursos y lo más importante la calidad del aprendizaje obtenido al finalizar el programa de posgrado; resulta que se convierten en programas excesivamente caros si consideramos la relación costo – calidad del producto, esto sin hablar del tema de los elevados gastos de la titulación, que es un aspecto que mantienen oculto estas instituciones “patito”* hasta que el alumno embaucado concluye el currículum del programa en cuestión. O bien, algo que ocurre constantemente, es la imposibilidad de titularse ya que dichas instituciones no se encuentran debidamente reguladas, por lo tanto, el estudiante pierde completamente toda su inversión de tiempo y dinero.
Desde otra perspectiva la saturación del mercado con títulos universitarios de instituciones que priorizan el facilismo nos está llevando a una reducción generalizada de los salarios en ciertas profesiones. Si los empleadores perciben que un título ya no garantiza la calidad y preparación del candidato, pueden ofrecer salarios más bajos, argumentando la incertidumbre sobre la formación real del profesional, hecho que estamos viviendo en la actualidad, pues uno de los factores en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, (USICAMM) para valorar el desempeño docente y obtener un incremento salarial es la preparación académica, es decir los grados académicos conseguidos, y lamentablemente hemos visto una depreciación en su valoración y un incremento al rubro de la antigüedad, es decir se pondera como más valiosa la experiencia profesional que los estudios de posgrado y eso es una de las graves consecuencias de que ya no se requiera el mismo esfuerzo y compromiso que antes para obtener una maestría o un doctorado.
Daño a la Sociedad
La sociedad en su conjunto se ve afectada por la falta de profesionales capacitados. Desde servicios públicos deficientes hasta la falta de innovación y desarrollo en áreas clave, el impacto del facilismo académico se siente en todos los niveles de la comunidad. La inserción de profesionales incompetentes en el mundo laboral no es un problema aislado que afecta solo al individuo en cuestión; tiene repercusiones que se extienden a toda la sociedad. Estas son algunas de las graves consecuencias de esta problemática:
1. Errores profesionales con repercusiones severas:
Dependiendo del campo, un error profesional puede tener consecuencias catastróficas. Por ejemplo, en el ámbito médico, un diagnóstico erróneo o un tratamiento inadecuado puede costar vidas. En el campo de la ingeniería, un cálculo incorrecto puede llevar al colapso de estructuras y poner en peligro a muchas personas. En el terreno de la formación de docentes los errores se perciben más a un mediano o largo plazo, provocando primero desinterés, rechazo y deserción por la educación formal, el alumno no se siente motivado; el docente no logra transmitir mediante su acción pedagógica el entusiasmo por el conocimiento y desarrollo de habilidades, incluso en no pocos casos se aprecia una animadversión a la institución educativa, lo que conlleva a un nivel inferior de escolaridad de la sociedad y una pérdida de confianza en las instituciones y la calidad de los profesionales que logran egresar, ya que al ser incompetentes cometen errores, la confianza del público en esa profesión o institución se erosiona. Esto conlleva a que las personas eviten buscar servicios profesionales o desconfíen de las recomendaciones de expertos, lo que propicia el estancamiento y falta de Innovación, debido a la presencia de profesionales deficientes frena el avance y la innovación en diversos campos. Tomemos en cuenta que sin profesionales capacitados que impulsen la investigación; (cómo podrían impulsarla si se encuentra erradicada de sus programas), el desarrollo y la implementación de nuevas soluciones a las problemáticas actuales están fuera de sus propósitos, propiciando que la sociedad quede rezagada en términos de progreso tecnológico, humano y científico.
Desde una perspectiva laboral se produce una desmoralización y estrés en el entorno de trabajo, ya que al laborar junto a profesionales incompetentes, que incluso poseen grados académicos por egresar de estas instituciones “patito”, resulta muy frustrante para aquéllos que se esfuerzan por mantener altos estándares de calidad, directivos, compañeros docentes, padres de familia y alumnos; ya que la expectativa que se tiene de ellos es que hayan desarrollado nuevas competencias profesionales y las pongan al servicio de la comunidad educativa, justo por poseer esos grados académicos, pero la realidad nos muestra que no se desarrollaron profesionalmente pese a los títulos que puedan ostentar, en la práctica y en el día a día el profesionalismo que se debería evidenciar, brilla por su ausencia.
Esto puede llevar a un ambiente laboral poco atractivo, incluso problemático, con altos niveles de estrés y descontento, pues la inserción de profesionales incompetentes en el mundo laboral no solo afecta la calidad de los servicios ofrecidos, sino que también tiene un impacto profundo en la colegialidad escolar y la sociedad en su conjunto. Es esencial que las instituciones educativas y las entidades reguladoras tomen medidas para garantizar que solo los profesionales verdaderamente capacitados y competentes se integren al mercado laboral y sean promovidos de forma horizontal o vertical.
Propuesta de intervención conjunta del Estado y los colegios de profesionistas
La desconfianza en el sistema educativo, derivada de la proliferación de universidades que priorizan el facilismo, es un problema que afecta no solo a los egresados, sino también a la sociedad en su conjunto. Para restituir la confianza en las competencias profesionales de los egresados, es esencial una intervención coordinada entre el Estado y los colegios de profesionistas. A continuación, se presenta una propuesta en este sentido:
1. Creación de un Marco Regulatorio Estricto:
El Estado debe establecer un marco regulatorio que defina claramente los estándares mínimos que deben cumplir las universidades e instituciones de educación superior en términos de infraestructura, calidad docente y programas académicos. Aquellas instituciones que no cumplan con estos estándares no deberían recibir acreditación oficial.
2. Evaluaciones Externas Obligatorias:
Implementar evaluaciones externas y periódicas a las universidades, realizadas por organismos independientes. Estas evaluaciones permitirían medir la calidad educativa y garantizar que se cumplan los estándares establecidos. Es sabido que, en Estados Unidos, algunas profesiones como los médicos y los licenciados en derecho no pueden ejercer su profesión hasta que no sustenten un examen y lo aprueben, entonces se les otorga una “licencia” para ejercer su actividad profesional, de hecho, el término licenciatura hace alusión a obtener dicha licencia como una autorización posterior a la demostración de sus competencias genéricas y específicas de la carrera estudiada, independientemente del título. En el sistema mexicano tenemos la cédula profesional, que muy bien podría tener esta función, pero la verdad es solo un trámite recaudatorio.
3. Certificación de Competencias por Colegios de Profesionistas:
Los colegios de profesionistas deben jugar un papel activo en la certificación de las competencias de los egresados. A través de exámenes y evaluaciones prácticas, los colegios pueden garantizar que los profesionales cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Algunas profesiones en México cuentan con estos colegios vinculados a procesos de actualización, incluso certificación, pero en materia docente solo es el Estado quien asume esta importante labor, pero asociadas a procesos de admisión al sistema público o promoción dentro del mismo, el rubro de la permanencia que existió en el periodo de Peña Nieto (2012-2018) fue tan impopular la forma en que lo aplicaron, que prefirieron retirar esta opción, en detrimento de cuidar calidad educativa.
4. Registro Nacional de Universidades Acreditadas:
Crear un registro público y accesible donde se enlisten todas las universidades que han sido acreditadas y que cumplen con los estándares de calidad dentro de cada Estado. Esto permitiría a los estudiantes y empleadores identificar fácilmente las instituciones que no son confiables, que operan de forma irregular, sin los permisos necesarios o en violación de regulaciones locales y nacionales.
5. Vigilancia y supervisión por parte de la autoridad competente
Una práctica desleal e ilegal que se está dejando evidenciar en algunas regiones del país, es que Instituciones de educación superior que obtuvieron el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE); es decir, una autorización para poder operar sus programas educativos en determinada ciudad del país, observamos que trasladan su funcionamiento a otras ciudades, aunque el reglamento es muy claro en el sentido que si la modalidad de estudios que se les aprobó es escolarizada o semiescolarizada, dicha autorización es exclusivamente para ofrecer esos programas educativos en esa ciudad, incluso solo en el domicilio que fue considerado en el RVOE, por lo tanto cuando estas fraudulentas instituciones ofrecen sus programas educativos en modalidades en línea, en otros Estados y ciudades de la república mexicana, están actuando al margen de la ley, sin ningún escrúpulo y en franca competencia desleal. Además algunas de estas Instituciones operan bajo esquemas que les permiten evadir impuestos o recibir beneficios fiscales de manera cuestionable, de hecho al no contar con un registro en otros Estados no cumplen con los reglamentos municipales de Protección civil, licencia de funcionamiento, pago de cuotas al seguro social, e impuestos a la hacienda pública, ya que en realidad no existen en el catálogo de escuelas particulares de educación superior de los distintos Estados, por lo tanto nadie las regula y supervisa, por consecuencia tampoco la Secretaría de Educación local protege a estos incautos estudiantes de eventuales fraudes.
6. Programas de actualización y capacitación
El Estado ofrece programas de actualización y capacitación para aquellos profesionales docentes que deseen mejorar sus competencias y habilidades; pero es importante permitir la colaboración de instancias formadoras acreditadas por colegios de docentes, para que por medio de estas también se ofrezcan cursos, talleres y diplomados con valor curricular, pues dicha formación continua es valiosa para mejorar sus destrezas pedagógicas y por lo tanto deben ser reconocidas, el hecho de que intervengan los colegios de profesionales es para evitar lo que justamente aconteció hace apenas un par de años, dónde “instituciones educativas” fraudulentas ofrecían diplomas de supuestas actualizaciones y capacitaciones que nunca se realizaban, en realidad lo que hacían es vender dichos diplomas y debido a esa mala praxis, “pagamos justos por pecadores”, pues el Estado solo reconoce la formación continua que ellos promueven, la que oferta la Universidad Pedagógica, Escuelas Normales y Centros de Maestros, dejando fuera instituciones educativas serias que si contribuían con sus cursos a la mejor preparación de los docentes.
Podemos concluir este artículo mencionado que la confianza en el sistema educativo es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. A través de una intervención conjunta del Estado y los colegios de profesionistas, es posible restituir esta confianza y garantizar que los egresados de las universidades cuenten con las competencias necesarias para contribuir de manera efectiva al bienestar y progreso del país. La educación es la base del desarrollo de cualquier nación, y permitir que el facilismo y la comercialización de títulos prevalezcan es condenar a la sociedad a un futuro de estancamiento y desigualdad.
Recientemente se ha socializado una propuesta por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el sentido de pagar un incentivo económico a quiénes obtengan un posgrado ya sea de maestría o doctorado, dicho estímulo se otorgaría al margen de las convocatorias del USICAMM, en parte considero apropiada dicha propuesta, pero también puedo anticipar con toda claridad, que si esto se vuelve realidad, el facilismo y credencialismo se va a desbordar con mayor ímpetu, al grado de que solo pagando algunas de estas instituciones “patito”, que denigran la formación profesional, otorgarán títulos a diestra y siniestra, como antes lo hicieron con los diplomas de los cursos de formación continua, tratando de evitar el panorama descrito anteriormente es imperativo priorizar la calidad y la integridad en la educación superior, sobre todo cuando se trata de la preparación de los docentes que interactúan día a día con el alumnado de México, para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos es necesario que además de la presentación de un título de posgrado, se les solicite a los docentes cierta puntuación en el examen anual del USICAMM, es decir ambos requisitos para poder acceder a este estímulo económico, sé que la idea puede ser tremendamente impopular, pero con ese simple requisito de la puntuación se evitaría que egresados de Instituciones que promueven el facilismo y la mercantilización de la educación accedieran de manera inequitativa, dado que el compromiso y esfuerzo que realizan los docentes egresados de Instituciones de calidad es mucho mayor y puede quedar demostrado mediante la puntuación de dicho examen y con esta medida los docentes pensarían dos veces la fácil alternativa de inscribirse en posgrados “patito”.
